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lunes, 18 de febrero de 2013

PROYECTO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS





Por: LESLIE A. HENDRICKS RUBIO




Cancún, Quintana Roo a 13 de febrero de 2013.

H. CONSEJO POLÍTICO ESTATAL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE

MD Leslie Angelina Hendricks Rubio, en mi carácter de militante activa del Partido Revolucionario Institucional con domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en la avenida Tankah lote 30, Supermanzana 25, Manzana 20, 77509 de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a través de este medio, con el debido respeto comparezco a exponer:

Que vengo a presentar el PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente exposición:  

SÍNTESIS

Con fecha 9 de agosto de 2012 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción II del artículo 35 para dar paso a la existencia de las llamadas "CANDIDATURAS INDEPENDIENTES".

Articulo 35. Son derechos del ciudadano: 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

Que este importante paso democratizador se debe directamente a la intervención de diversas resoluciones y recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado para derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver diversos expedientes relacionados con juicios para la protección de derechos político-electorales.

Que a esta fecha el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus resoluciones concernientes a los expedientes SUP-JDC-41/2013, SUP-JDC-42/2013 y SUP-JDC-43/2013, ha dictado las directrices reglamentarias en las que los candidatos independientes habrán de solicitar su registro ante a las autoridades electorales.

Que esta importante reforma para la vida democrática de la nación, no se opone en absoluto a lo dispuesto en la fracciones I y II del artículo 41 de la Constitución General de la República, que expresamente faculta a los PARTIDOS POLÍTICOS para promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, sino al contrario; ya que obliga a los partidos a replantearse los mecanismos de selección de candidatos y de incorporación de nuevos militantes a las filas de los propios instituto políticos.

Articulo 41. (...)
I. Los partidos políticos son entidades de interés publico; la ley determinara las normas y requisitos para su registro legal y las formas especificas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del distrito federal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público...

Que aunado a ello, y dada la reglamentación emanada del texto constitucional y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el financiamiento público y privado de los partidos y de las elecciones, existe un grave riesgo de que existan inversiones ilegales o al margen de la Ley en las candidaturas independientes, al permitírseles expresamente la incorporación de inversión privada; lo que hace necesario que sea a través de los partidos políticos fiscalizados por el IFE, el ejercicio del gasto a aplicarse en las campañas políticas en general.

De igual manera, la urgente redefinición de los partido políticos ante la vigencia de las candidaturas independientes, pone en la mesa el tema de los partidos pequeños y de los porcentajes para mantener su registro, ya que al crear partidos familiares o sindicales como los que actualmente existen, y que subsisten por un muy bajo porcentaje de votación, se abona a la falta de credibilidad y de participación ciudadana en este sistema de partidos.
Aunado a este anacrónico sistema de partidos, la apatía y la falta de interés de la ciudadanía en general para participar en la política o de la política, pone más en riesgo la subsistencia  de los partidos políticos, dado que los jóvenes en su desdén por lo político se inclinan más por la teoría de las candidaturas independientes que por aquellas que pueden ser abanderadas por un instituto político.

En este sentido, y como experiencia personal, en mi carácter de rectora de una universidad en Quintana Roo, me he percatado de la falta de interés de los universitarios por participar en la vida pública de nuestra nación y de nuestro estado, pero también de la falta de oportunidades para acceder a los propios partidos políticos y ser tomados en cuenta como sujetos propositivos.

La mayoría de los ciudadanos observan a los partidos políticos como empresas familiares, como instituciones sindicales o como organismos en los que siempre se postulan los mismos candidatos para diferentes cargos.

Es así que no debemos olvidar que las diversas regulaciones electorales que han dado marco a la democracia que hoy vivimos se han dado a través de intensas jornadas de lucha como el voto femenino, o bien, de estudio, tal como fue la regulación de las precampañas, misma  que fue gestada en Quintana Roo[1]  y acogida por todo México como un instrumento de solidez financiera de las jornadas electorales que se viven a lo largo y ancho de nuestro territorio.

En lo particular dicha histórica reforma quintanarroense  contemplaba lo siguiente:

·       Incrementación del umbral para que los partidos políticos conservaran su registro;
·       Reglamentación de  las coaliciones políticas;
·       Regulación de las Agrupaciones Políticas;
·       Reglamentación de las precampañas sobre su temporalidad y uso de recursos públicos o privados;
·       Sienta las bases para controlar los sondeos y encuestas de las campañas políticas;
·       Establece por vez primera en México el destino final de los bienes adquiridos por los partidos políticos que pierdan su registro...

Es por ello, que consideramos necesario que nuevamente sea Quintana Roo quien levante la mano para proponer una adición en materia electoral que logre la armonización de las recientes reformas del artículo 35 de la Constitución General de la República con el sistema actual de partidos políticos, procurando adicionar las fracciones I y II del artículo 41 constitucional, así como las leyes reglamentarias del mismo como lo son la Ley General de Sistemas y Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amén de mantener vigente el sistema de partidos políticos en México involucrando a la sociedad civil en la construcción política de la nación, razón por la cual me permito acompañar al presente documento de la iniciativa de reformas correspondiente.



MD Leslie A. Hendricks Rubio
ALHEN ABOGADOS
Corporativo & Propiedad Intelectual



PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E.

Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, nos permitimos presentar a la consideración y trámite legislativo la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan las fracciones I y II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho es un instrumento que posibilita la convivencia social pacífica y que en la consecución de ese objetivo, se deben de emprender esfuerzos para lograr armonizar de la mejor forma posible el ejercicio de los derechos fundamentales.

Las libertades de reunión y asociación juegan un papel esencial en la conformación de las democracias modernas, pues representan la posibilidad de constituir agregados interpersonales de intereses, que tengan reconocida una personalidad jurídica.

La participación asociativa incrementa el sentimiento cívico de los ciudadanos, les permite incidir de forma más directa en decisiones más trascendentes de su comunidad.

Es por ello, que los derechos de reunión, de asociación y, particularmente, las manifestaciones públicas, deben generar obligaciones permanentes en las autoridades. Así, son de destacarse, la obligación de no desalentarlas, reprimirlas o prohibirlas.

Y es que los derechos de reunión y asociación, son casi tan inalienables por su naturaleza, como las libertades individuales.

Estas libertades se encuentran reconocidas en la Declaración Universal de 1948, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical y, en virtud, de que conforman la Ley Suprema de la Unión en términos del artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo momento deben estar presentes en nuestro desempeño como sociedad y gobierno.

En nuestra Carta Magna, los artículos 9º y 41 detallan las formas concretas que puede tomar el derecho de asociación. Por ejemplo, en el artículo 41 se habla de las asociaciones que asumen las formas de partidos políticos, cuya función entre otras, consiste en constituirse como vehículos para que los ciudadanos puedan tener acceso a las funciones representativas.

De la misma forma, en el artículo 123 se prevén los sindicatos obreros y las asociaciones profesionales. La libertad de asociación política se reitera, además, en el artículo 35 fracción III de la propia Constitución.

Hoy día, la intervención de los poderes públicos sobre las formas de organización interna de las asociaciones es uno de los puntos centrales de debate en torno a la libertad de asociación.

Cierto es, que no hay un modelo único de organización en el México plural de nuestros días, sin embargo, estoy convencida que como principio general en la construcción del nuevo orden democrático, debe prevalecer la más amplia libertad para quienes quieran ejercer sus derechos de reunión y asociación.

La lucha por la democracia en México ha tenido logros significativos: hizo posible la participación política de la mujer con la extensión del voto y las cuotas electorales de género; la declaración de la libre determinación de los pueblos indígenas, así como la ciudadanización de los órganos electorales y posteriormente la migración de los tribunales electorales del Pode Ejecutivo al Judicial para darle mayor certeza a las resoluciones en la materia.

Hoy en día ante la reforma electoral del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé la existencia de candidaturas independientes, se atienden reclamos históricos de participación política que en su momento fueron motivo de recomendaciones a la nación por parte del Comisionado  para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior sin duda establece un puente indestructible entre el ciudadano y su postulación directa a un cargo de elección popular mediante el registro correspondiente ante las instancias electorales, situación que habrá de ser reglamentada en su momento por las propias entidades federativas y que aún son motivo de adecuación a través de mecanismos jurisdiccionales federales como se acredita con las recientes resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las candidaturas independientes en el estado de Zacatecas apenas en enero de 2013.

De igual manera el sistema electoral mexicano debe definir el origen de los recursos privados invertidos en las campañas políticas de las candidaturas independientes, a efecto de evitar la participación de la delincuencia  organizada en el sistema electoral mexicano, ya que desde otra perspectiva, el Estado se convierte en un doble patrocinador con recursos públicos para partidos políticos, y ahora, para candidatos independientes, lo que sin duda lastima las finanzas públicas en detrimento de los gobernados.

Lo anterior en el sentido de que los recursos públicos que percibe un partido político emanan de los resultados electorales que haya obtenido independientemente del número de los candidatos que hayan participado, por lo que al asumir la figura de candidaturas independientes, se tendrá que crear el mecanismo necesario para aportar recursos públicos adicionales de la federación para ejercer en las campañas políticas de éstos.

No cabe duda que la figura del candidato independiente toma especial relieve en un país en el que los partidos políticos pasan por una crisis grave de credibilidad debido a una sociedad y una juventud en lo particular que no encuentra espacios de participación en los partidos políticos.

No obstante, el proceso electoral en curso, nos ha dejado ver de manera clara y contundente, que en la sociedad mexicana hay una profunda y clara preocupación por ampliar el significado y contenido de la democracia.

Hay que promover la democracia, respetar y proteger los derechos humanos, pero sobre todo, lograr procesos políticos más igualitarios, en los que puedan participar realmente todos los ciudadanos.

La democracia requiere que todos estén capacitados para ejercer y defender sus derechos y prerrogativas, tengan disposición y existan espacios para participar; incluso, que esta participación surta efectos vinculantes, para con los partidos políticos.

Es por ello que debemos atender al sistema de partidos políticos. Un sistema  vigente y debidamente reglamentado que ha subsistido desde la promulgación de la propia Constitución de 1824 y que diera pauta a la primera elección mexicana de 1828 de la que emanara como presidente de la nación el general Vicente Guerrero.

Para ello se hace necesario promover reformas que actualicen el sistema electoral a través de los partidos políticos a efecto de éstos no caigan en desuso ante la sobre explotación de las candidaturas independientes.

En la actualidad, la población nacional contabiliza 112’336,538 ciudadanos, de la que la mitad tiene 26 años o menos, así lo destaca el Censo de Población y Vivienda 2010. Tan solo, tengamos presente que 29’705,560 de habitantes, tienen entre 15 y 29 años de edad, cifra superior al año 2000, que registró 27’221,012.

El crecimiento anual promedio del número de jóvenes entre los años 2000 y 2010, es de 0.85%, que si bien resulta menor a la tasa de crecimiento de la población en su totalidad, que creció para el mismo periodo a un ritmo anual de 1.38%, el aumento de 2.5 millones de personas nos plantea retos significativos.

En términos numéricos, ese es el peso de los jóvenes en nuestro país, consecuentemente, en quienes descansa un peso importante de la productividad nacional.

Por ello, preocupa la percepción que ese importante sector ha expresado tener de la vida pública: ineficacia estatal, ilegitimidad de sus representantes, inobservancia de la ley, escasa solidaridad, falta de transparencia, rechazo a la diversidad y discriminación a quienes tienen y expresan ideas políticas diferentes por cualquier medio, incluyendo el entorno digital.

Pudiera decirse, que todo apunta a que los próximos procesos electorales serán inéditos por muy diversos factores: de una juventud caracterizada por el poco interés en la actividad pública, que se traducía en altos índices de abstención, a una juventud que seguramente por su impulso y determinación, imprimirán a esta contienda un sello de alta competitividad democrática.

Ello principalmente debido a que los partidos políticos no han incluido nuevos militantes con posibilidades reales de  participación política, además de la sobre explotación del esquema de partidos "remora" que con un escaso porcentaje de votos se convierten en empresas familiares o sindicales que subsisten del presupuesto federal sin aportar mayores beneficios a los ciudadanos, situación que aleja a los jóvenes de dichas figuras jurídicas de participación política y los acerca más al sistema de candidaturas independientes, con el riesgo inminente de no tener una ideología política definida o un plan de gobierno claro.

Y es que si algo ha quedado claro, es que a lo largo de la pasada jornada electoral federal, los jóvenes han marcado de muy distintos modos los tonos de la contienda en las calles, en las redes sociales y los medios de comunicación, pero no así en los partidos políticos.

Cierto es, que los jóvenes han sido discriminados en el ámbito político, debido a un marco jurídico deficiente, políticas públicas incompletas, así como la persistencia en prácticas que en su conjunto, no aseguran su identidad, ni tampoco dan cuenta de sus necesidades muy particulares.

Esta discriminación se traduce en la negación de oportunidades para acceder al poder, participar en la actividad pública o formar la representación nacional.

En la actual transición, las diversas fuerzas políticas continúan con este esquema en los hechos, lo cual representa una contradicción, toda vez que los partidos políticos son la vía institucional para acceder al poder, por lo que su integración y acción debería ser abierta y plural.

Tan solo, habría que rememorar, que el hecho de que los partidos políticos sean considerados en México como entidades de interés público, implica un planteamiento sustancial para la vida representativa y democrática del país, en virtud de que se reconoce como premisa que los partidos políticos responden como organizaciones a las actividades y permanente vigilancia de todos los ciudadanos, y no solo de aquellos particulares interesados en formar conforme al derecho de libre asociación dicha entidad colectiva.

Los partidos políticos son mucho más que eso. Son entidades que interesan y se vinculan con todos los ciudadanos. Además, el hecho de que sean catalogados como entidades de interés público, necesariamente, conlleva la motivación de asumir que su existencia cubre una misma y relevante necesidad para todos los ciudadanos.

Las nuevas formas de convivencia democrática a las que debemos aspirar como país, solo podrán existir si se asegura la eliminación de las barreras que impiden el ejercicio cabal de los derechos fundamentales y de las libertades básicas de las personas, así como su acceso a la igualdad real de oportunidades.

Si no construimos relaciones democráticas y recíprocas en nuestra vida social, nuestra democratización se mantendrá frágil y el tejido de nuestra sociedad se verá fragmentado y plagado de desigualdades irreductibles.  

De ahí, la importancia de impulsar modificaciones a nuestro marco constitucional, que consecuentemente, se verían complementadas por la reestructuración a diversos ordenamientos reglamentarios.

Tales enmiendas, tendrían como finalidad el adicionar los siguientes elementos para fortalecer el sistema de partidos políticos a efecto de coexistir formalmente con las candidaturas independientes:

1.     Elevar a rango constitucional, la obligación de los partidos políticos para acreditar ante el Instituto Federal Electoral el aumento de su padrón de afiliación garantizando la participación de los nuevos militantes en los procesos electorales inmediatos y su participación activa en la estructura institucional en una proporción de cuando menos el 2% de su padrón; y

2.     Elevar a rango constitucional, el aumento del porcentaje de votación de los partidos políticos para mantener el registro con al menos el 5% de la elección que se trate.


La reforma pretende que aquellos grupos ajenos a los partidos políticos, como los que hemos observado que en el pasado proceso electoral están impulsando novedosas formas y procedimientos que hacen más activas las contiendas electorales, no solo tengan espacios de resonancia para posicionar sus mensajes en los medios de comunicación.

Va más allá, pretende que trasciendan la temporalidad de la contienda y que a través de espacios de participación garantizados por los partidos políticos, formen parte activa de los poderes públicos constituidos, integrando las Cámaras de Diputados y Senadores.     

Derivado de la reforma constitucional planteada, consideramos prudente el crear una legislación federal que norme desde su creación a los partidos políticos para que puedan cumplir con el mandato constitucional de:
"promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público..."

En este sentido, y siguiendo a Jesús Anlen[2], se hace necesario adentrarnos a la concepción etimológica de partido político, que proviene de las voces "PARIS" que significa parte o fracción y "POLIS" cuyo traducción es ciudad. Por lo tanto estamos en presencia de un término cuya definición etimológica nos señala que es la "fracción de una colectividad".

Para el tratadista de derecho constitucional Hans Kelsen, un partido político es "la voluntad colectiva, formada por la libre concurrencia de los grupos de intereses", y para el tratadista mexicano Andrés Serra Rojas[3] "un partido político se constituye por un grupo de hombres y mujeres, que son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan en forma permanente  para representar un aparte de la comunidad social, con el propósito de elaborar y ejecutar, una plataforma política y un programa nacional con un equipo gubernamental".

Podemos encontrarnos con que el supuesto establecido en la norma fundante es claro y es vigente, ya que se encuentran inmersas en el artículo 41 de la Cartas Magna los elementos establecidos por la doctrina nacional e internacional, situación que genera un importante interés en estos días, dada la legalización de nuevas figuras jurídicas emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos, como lo es la "candidatura independiente" que hemos ya analizado.

Esta situación sin duda obliga a los partidos políticos a replantear su función constitucional, y a crear nuevos mecanismos que normen la conducta de los partidos políticos y sus afiliados, con el objeto convertirse en instrumentos reales de participación política para la sociedad, y no meramente en clubes privados o en organizaciones aristocráticas u oligárquicas de autorepresentación con fondos públicos como sucede actualmente.

Para ello requerimos de la creación de mecanismos constitucionales que obliguen a los partidos a generar nuevas cuotas de agremiados o de afiliaciones ciudadanas para hacer contrapeso a las candidaturas independientes, o bien, encontrar un cauce adecuado a los civiles interesados en participar políticamente en la vida institucional de nuestro país.

Sin embargo, no solamente con la apertura a la sociedad de los partidos políticos que genere la participación de más jóvenes en nuestros procesos electorales y en la vida institucional de los partidos es como generaremos más confianza y certeza en el sistema de partidos políticos de México.

Para ello, se requiere además redefinir el ineficiente sistema "POLIPARTIDISTA" que México ha asumido por décadas, y que en palabras de Maurice Duverger[4] "Hay varios tipos de polipartidismo. Podríamos aislar un polipartidismo nacionalista o étnico, propio de países divididos en varios grupos históricos o raciales: las oposiciones de razas se superponen a las oposiciones sociales o políticas para engendrar una extrema complicación..."

Es decir, para Duverger, máximo tratadista en tratándose de partidos políticos, los sistemas polipartidistas surgen a partir de tres en adelante existiendo ejemplos caóticos de hasta 25 partidos políticos como Austria-Hungría en la víspera de la guerra mundial de 1914.

El mismo autor considera como sistemas eficaces a los que cuentan con 2 o tres partidos políticos únicamente dando ejemplos claros como Estados Unidos, Canadá o el norte de europa.

México ante la gran necesidad de justificar sus elecciones y su sistema democrático, ha caído en un polipartidismo con tendencia caótica derivado de la falta de credibilidad que surgió de la existencia de un partido hegemónico que gobernó por más de 70 décadas.

Pero este desesperado sistema polipartidista, como lo hemos mencionado párrafos arriba, ha generado la existencia de partidos políticos familiares e incluso partidos sindicales, cuya única misión es la de obtener financiamiento público para participar en elecciones a través de alianzas que les reditúe en espacios políticos sin esfuerzo y sin plataforma electoral o política alguna.

Con estas medidas se crea la necesidad de reorientar las normas federales que rigen el funcionamiento de los partidos políticos como lo son el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuyo cuerpo normativo se ubican diversas facultades, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos y que deberán suprimirse de ese Código para dar paso a una Ley Federal de Partidos Políticos específica.

Por lo que se refiere a la Ley General de Sistemas y Medios de Impugnación en Materia Electoral  en cuyo contenido se establecen los procedimientos y sanciones por la violación a las leyes electorales, únicamente se deberá adicionar en lo que corresponda a las sanciones en que puedan incurrir los partidos políticos a la luz de la nueva Ley.

En suma, la propuesta de Ley deberá contener en su cuerpo los siguientes elementos como mínimo:

1.     Concepto de Partido Político;
2.     Concepto de Agrupación Política;
3.     Elementos mínimos de estructura orgánica que deberán contener los partidos políticos;
4.     Derechos de los Partidos Políticos;
5.     Obligaciones de los Partidos Políticos;
6.     Financiamiento Público;
7.     Financiamiento Privado;
8.     Formas de acceso y participación de la sociedad civil en los partidos;
9.     Transparencia de recursos y administración de Partidos Políticos;
10. Porcentajes mínimos de votación para la subsistencia del registro;
11. Porcentajes mínimos de jóvenes a participar en procesos electorales;
12. Porcentajes mínimos de mujeres a participar en procesos electorales;
13. Porcentajes mínimos de representantes de comunidades indígenas en procesos electorales;
14. Lenguas diversas en las que se deben traducir los textos de los partidos;
15. Regulación de asambleas y medios de inscripción de las mismas en un registro público electoral...

Lo anterior es solamente una propuesta derivada del replanteamiento que como partido político debemos hacernos a la luz del nuevo entorno electoral que se nos presenta, en el que combatimos a una sociedad y a una juventud que no pretenden participar de la política y mucho menos de los partidos políticos, así como de una proyecto para eficientar los recursos federales que año con año se erogan en un sistema polipartidista que ha demostrado su total fracaso.

Para ello, es que se propone primeramente modificar la fracción I y II del artículo 41 de nuestra Carta Magna, a efecto de establecer la obligación de los partidos políticos de garantizar espacios de postulación en cada proceso electoral a grupos de personajes representativos que acrediten tener una base sólida, dejando al legislador ordinario para que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, regule las formas específicas de su intervención en cada proceso, los requisitos, obligaciones y responsabilidades.

Por lo antes expuesto y fundado, y en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna, tenemos a bien someter a la consideración de esa respetable Soberanía Popular, la siguiente:




INICIATIVA DE DECRETO

POR EL QUE ADICIONAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones I y II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:


“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I.     Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En cada proceso electoral, los partidos políticos garantizarán espacios de postulación a ciudadanos  destacados  y emitirán convocatorias para incluirles en los procesos de postulación de candidatos en los períodos electorales en un número equivalente al 2% cuando menos en cada modalidad de cargo de elección en disputa, asegurándose de proponer en todo caso, cuando menos, un representante ciudadano en la elección de que se trate. La Ley de la materia, regulará las formas específicas de su intervención, requisitos, obligaciones y responsabilidades.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

II.         La Ley garantizara que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalara las reglas a que se sujetara el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos estará sujeto a que los partidos políticos mantengan su registro después de cada elección, mismo que no deberá de ser menor al 5% de la votación de que se trate, y se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter especifico.
El financiamiento público estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo tercero de la fracción I de este mismo artículo y se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
A) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijara anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el distrito federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
B) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la republica, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
C) El financiamiento público por actividades especificas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
La ley fijara los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenara los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la federación.

III a VI.- …”.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación....


DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN DEL AUTOR.






[1] La reforma electoral enviada por el Lic. Joaquín Hendricks Díaz, gobernador del Estado de Q. Roo al Congreso del Estado el 9 de diciembre de 2003 fue aplicada por primera vez en la entidad en las elecciones del 6 de febrero de 2005. Cfr, Alday, Hugo, LA REFORMA ELECTORAL QUINTANARROENSE, México, IIJ-UNAM, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2980/4.pdf .
[2] Anlen, Jesús, ORIGEN Y EVOLUCIÓN D ELOS PARTIDOS POLITICOS EN MÉXICO, México, Porrúa, 1973, pag 17.
[3] Serra Rojas, Andres, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Folleto 2 de Problemas de México, 1959, pág 20.
[4] Duverger, Maurice, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, México, FCE, 1996, pag. 265.

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